• El método, que se valía de la ingeniería social, consistía en persuadir a los operadores de telefonía para que transfirieran los servicios telefónicos de sus víctimas a una tarjeta SIM bajo su control.

La Europol, junto con la policía nacional española y rumana, ha arrestado a 26 personas en relación con el robo de más de 3,5 millones de euros (3,9 millones de dólares) mediante el secuestro de números de teléfono de personas a través de ataques de intercambio de tarjetas SIM. 12 personas eran de España y las otras 14 de Rumania.

Este hecho se produce en un momento en que los ataques de intercambio de SIM se están convirtiendo en una de las mayores amenazas tanto para los operadores de telecomunicaciones como para los usuarios de móviles. El método utilizado consiste en ingeniería social, concretamente en persuadir a los operadores de telefonía para que transfieran los servicios telefónicos de sus víctimas a una tarjeta SIM bajo su control.

El intercambio de la tarjeta SIM permite a los atacantes acceder a las llamadas telefónicas entrantes, a los mensajes de texto y a los códigos de verificación únicos (o contraseñas únicas) que varios sitios web envían a través de mensajes SMS como parte del proceso de autenticación de dos factores (2FA).

En este sentido, un estafador puede hacerse pasar por la víctima con un proveedor de cuentas en línea y solicitar el restablecimiento de la contraseña o un código de autenticación al dispositivo de intercambio de la tarjeta SIM controlado por los ciberdelincuentes. De este modo, el atacante puede restablecer las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de la víctima y acceder a la cuenta sin autorización.

Aunque es poco probable que estos tipos de ataques desaparezcan pronto, aseguran desde la Europol, se pueden tomar ciertas medidas de prevención, como configurar un PIN para limitar el acceso a la tarjeta SIM, desvincular los números de teléfono de las cuentas en línea o utilizar una aplicación de autenticación o una clave de seguridad para proteger las cuentas.

Más información:

Europol (16/03/2020)

La Agencia Española de Protección de Datos ha aprobado las primeras normas corporativas vinculantes (BCR, por sus siglas en inglés) en el marco del Reglamento general de protección de datos (RGPD), siendo también una de las primeras que se aprueban a nivel europeo. En la tramitación de estas BCR la Agencia ha actuado como autoridad líder y ha contado con el informe favorable del Comité Europeo de Protección de Datos.

Las normas corporativas vinculantes son las políticas de protección de datos asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en un Estado miembro para realizar transferencias internacionales de datos personales a un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta.

El RGPD recoge, en su considerando 110, que “todo grupo empresarial o unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta debe tener la posibilidad de invocar normas corporativas vinculantes autorizadas para sus transferencias internacionales de la Unión a organizaciones dentro del mismo grupo empresarial o unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, siempre que tales normas corporativas incorporen todos los principios esenciales y derechos aplicables con el fin de ofrecer garantías adecuadas para las transferencias o categorías de transferencias de datos de carácter personal”. Además, el RGPD dispone que la autoridad de control competente aprobará las BCR de conformidad con el mecanismo de coherencia establecido en el artículo 63 del RGPD cuando estas sean jurídicamente vinculantes y se apliquen y sean cumplidas por todos los miembros correspondientes del grupo empresarial o de la unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta, incluidos sus empleados; confieran expresamente a los interesados derechos exigibles en relación con el tratamiento de sus datos personales, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 47.2 del RGPD.

AEPD (16/03/2020)

Más información

• Se ha publicado el Informe REINA 2019, que presenta el análisis de los indicadores más significativos del sector TIC del año 2018 en la Administración General del Estado.

Ya está disponible para su consulta el informe REINA 2019 con el análisis de los indicadores más representativos de la situación y uso de los sistemas y tecnologías de la Información y Comunicaciones en la AGE, así como del personal TIC empleado. La información se ha actualizado a 31 de mayo de 2018, debido a que la aplicación del REINA sólo puede trabajar con una estructura ministerial y el 6 de junio se publicó el Real Decreto 355/2018, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

La Comisión de Estrategia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, de 26 de septiembre) tiene entre sus funciones "actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital" y es el responsable de la elaboración de éste Informe. REINA se viene publicando con periodicidad anual desde 1988.

Al igual que el año pasado esta edición de REINA 2019 no incluye el informe IRIA, ya que dicho estudio ha sido actualizado con objeto de contemplar las nuevas tendencias en Administración electrónica, y se publica por separado.

El informe se ha realizado en base a los datos que proporcionan las organizaciones de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, Agencias Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos participantes, en la aplicación REINA. En él se analizan diferentes aspectos relacionados con los gastos e inversiones TIC, el parque informático actualizado de la AGE, software utilizado y el personal efectivo destinado a competencias TIC.

Respecto a los resultados, durante el ejercicio 2018 en la Administración General del Estado, los gastos TIC alcanzaron los 1.415 millones de euros, cifra que representa un decremento del 1,74% frente a los 1.440 de 2017. Sigue de este modo la tendencia a la baja del año anterior, situándose por debajo de la cifra de 2013 que marca el punto más bajo de los últimos ocho años.

El volumen total de gastos informáticos fue de 1.133 millones de euros un 4,23% inferior al pasado año 2017. Los gastos en telecomunicaciones fueron de 282 millones de euros un 9,73% más que en 2017.

Un dato de interés es conocer cuánto del presupuesto total de los Ministerios se ha destinado a los gastos TIC. El indicador global se sitúa en un 3,28 %, lo que supone un descenso de casi seis décimas porcentuales con respecto al año 2017.

Cabe señalar, que la partida de "personal" disminuye, respecto al año anterior, en prácticamente todos los Ministerios, a excepción del Ministerio de Interior; alcanzando casi los 233 millones de euros, al contrario que la partida de "servicios" que aumenta la partida en el 78% de los Ministerios, hasta casi los 585 millones de euros. En 11 de los 13 Ministerios esta es la partida con más porcentaje dentro de los gastos informáticos.

El esfuerzo presupuestario que los Departamentos hacen en gastos informáticos, se muestra en la relación entre este gasto y la suma de los capítulos 1, 2 y 6 de los Presupuestos Generales del Estado. En este año 2018 el indicador global se sitúa en el 2,63% notablemente menor que el 3,12% de 2017.

Las cifras recogidas en el informe REINA se publican también en los formatos procesables XLSX y ODS que forman parte de nuestra política RISP. El informe completo puede descargarse en el Observatorio de Administración Electrónica.

Más información:

Portal de Administración Electrónica (06/03/2020)