El Informe analiza pormenorizadamente, a partir de un hipotético caso de ciberataque sufrido por parte de una empresa de suministros, el marco normativo actual que regula las diferentes responsabilidades que pueden surgir a raíz de este tipo de agresiones. Son múltiples las implicaciones legales que lleva consigo un ataque de estas características y que afecta tanto a la organización que la sufre y, por extensión directa, también a sus clientes, como al proveedor de servicios Cloud, además del ente atacante y la Administración Pública.
Baste recordar algunos de los últimos y más populares ciberataques como Careto, Stuxnet, Duqu y Flame. El primero de ellos, que se sospecha podría ser español, y que operó desde el año 2007 hasta que fue detectado hace escasos días, afectó a más de 380 víctimas entre los que destacan instituciones gubernamentales, delegaciones diplomáticas, embajadas y sistemas críticos de un buen número de países, ejes estratégicos la mayoría de ellos de la política exterior española.
Stuxnet fue detectado en junio de 2010 y todo apunta que fue diseñado por Estados Unidos e Israel para atacar los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), y más especialmente del programa nuclear iraní. Su sucesor fue Duqu, un malware destinado, no tanto a provocar el funcionamiento de las centrífugas utilizadas para el enriquecimiento de uranio en Irán (como sí lo era su predecesor) como para recabar importantes datos de inteligencia sobre sistemas industriales además de permitir el acceso y control remoto de éstos a sus creadores.
ISMS Forum (24-09-2014)
