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DEFENSA FRENTE A LAS CIBERAMENAZAS

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La aprobación del Real Decreto Ley 14/2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público, y telecomunicaciones, ha supuesto una importante modificación del régimen jurídico aplicable a algunas de las tecnologías de la información más relevantes para gestionar la realidad digital.

Resumen

La regulación de la realidad digital por los Estados refleja el modelo político de cada uno. Mientras algunos tratan de preservar una Internet abierta y libre, otros como China o Rusia buscan fragmentarla del mismo modo que lo hacen con las fronteras físicas, en lo que se ha dado en llamar “balcanización” de la Red o incluso splinternet. La Unión Europea (UE) desarrolla una tercera vía de aproximación normativa que pretende proteger tanto la libertad de Internet como los derechos fundamentales y el uso de los datos personales de los ciudadanos.

Dentro de este proceso general para la regulación de la soberanía digital de los Estados y la gobernanza del ciberespacio, el Real Decreto Ley (RDL) 14/2019 responde a la necesidad de regular la realidad digital para evitar su uso ilegítimo y poner en riesgo la seguridad nacional. Aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso de los Diputados, espera ahora su trámite como Proyecto de Ley.

Análisis

El RDL 14/2019 modifica el régimen jurídico de materias importantes tales como el documento nacional de identidad, la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas, el almacenamiento de los datos que obran en poder de estas, la contratación pública o la regulación de las redes de comunicaciones.

Uno de los hechos novedosos que introduce esta norma en nuestro panorama jurídico es que por primera vez se justifica un RDL en el sustrato normativo de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional para que, según alega su exposición de motivos: “la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos”. El desarrollo tecnológico, se señala, implica una mayor exposición a nuevas amenazas, y la hiperconectividad actual agudiza algunas de las vulnerabilidades de la seguridad pública, por lo que es necesaria una mejor protección de redes y sistemas, así como de la privacidad y los derechos digitales del ciudadano. Protección también necesaria frente a las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje debido a las posibilidades que ofrece la sofisticación digital para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles.

Real Instituto elcano Royal Suite (16/01/2020)

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