Desinformación, inteligencia artificial y Estrategia Nacional de Ciberseguridad

En el contexto "Estrategias Nacionales de Ciberseguridad y Cumplimiento Normativo" se trabaja duramente en la lucha contra la desinformación. Actualmente se barajan numerosas medidas que pueden contribuir a minimizar su impacto, con el obstáculo de la inexistencia de fronteras en su distribución. La Comisión Europea comenzó a preocuparse por este fenómeno en relación con la distribución del discurso terrorista, pero el problema ha derivado en muy diferentes ámbitos que afectan a otras cuestiones críticas para el orden institucional de un Estado. La salud de sus ciudadanos con lo ocurrido durante la pandemia y la difusión de bulos, la desestabilización de periodos electorales y la manipulación de los resultados a través de la confusión social, o las relaciones diplomáticas entre países, han venido siendo objeto clave de este problema en el ciberespacio.

La UE está financiando proyectos sobre el uso de la tecnología de IA para obtener soluciones en ámbitos muy específicos, entre otros, la lucha contra la desinformación, por ejemplo, el proyecto WeVerify, una herramienta en línea para “verificar datos y desmontar informaciones falsas”.

En España se ha creado, a través del Departamento de Seguridad Nacional, el “Grupo de expertos de la sociedad civil en la lucha contra las campañas de desinformación”, en el marco del desarrollo de la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, del Gobierno. En los trabajos desarrollados por este grupo, al que la ponente que suscribe tiene el honor de pertenecer como miembro experto, se han discutido el fenómeno desde su conceptualización, su impacto, la alfabetización de la sociedad, las implicaciones jurídicas hasta la internacionalización y límites de jurisdicciones. Sobre todas estas y otras cuestiones se presentará la ponencia, haciendo hincapié en las posibles soluciones y resultados oficiales de estos trabajos, como parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero también como miembros de la Unión Europea. Todo ello, enfocado desde un punto de vista práctico, ético, y legal.