El mercado europeo de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), pieza emblemática de la estrategia de la UE para frenar el cambio climático, tuvo que ser suspendido ayer a causa de los robos millonarios de los derechos de emisión que se han producido en cinco países. La falta de seguridad informática en Austria, la República Checa, Grecia, Polonia y Estonia ha permitido a un grupo criminal sustraer informáticamente durante los últimos cinco días unos dos millones de certificados de emisión de CO2 por un valor global de más de 28 millones de euros, según la Comisión Europea. Esos títulos fueron inmediatamente revendidos al contado. El registro español no se vio afectado, según ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente.

El mercado europeo de CO2, creado en el 2005, permite a 12.000 industrias de los Veintisiete adquirir los derechos de emisión suplementarios que necesitan para su funcionamiento a quienes disponen de una cuota no utilizada. El valor de las transacciones anuales supera los 75.000 millones.
La Comisión Europea anunció que volverá a poner en funcionamiento este mercado de forma escalonada a partir del 26 de enero, pero solo para los países que dispongan de medidas de seguridad informática adecuadas.

Al menos 14 países de la UE tienen un sistema de seguridad informática considerado "muy vulnerable" por parte de la Comisión, aunque los responsables comunitarios no quisieron revelar los nombres de los otros nueve estados frágiles. La CE solo precisó que Alemania cuenta con un sistema fiable, después de haber reforzado las medidas de blindaje a causa de los robos sufridos en febrero del 2010.

La Comisión Europea responsabilizó del fiasco a los países afectados de las sustracciones, ya que el mercado está descentralizado y cada estado tiene un registro nacional en el que figuran las cuentas de las industrias de su respectivo territorio. El Ejecutivo comunitario quiere instalar en el 2013 un registro centralizado europeo de las operaciones para garantizar una mayor seguridad y control.

El grupo criminal obtuvo al parecer los datos de acceso a los registros mediante el tradicional sistema de envío a las industrias de correos electrónicos de confirmación de datos (phishing), según las primeras hipótesis de la Comisión Europea.
La investigación policial iniciada debería permitir también verificar si esos delincuentes han contando con algún tipo de colaboración del personal de las empresas afectadas por el robo de los datos.

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 21/01/2011

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