El Senado de Estados Unidos ha aprobado las enmiendas a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros (FISA), de 1978, que no incluía ningún apartado sobre nuevas tecnologías como teléfonos móviles, Internet y correo electrónico. La medida, aprobada con 69 votos a favor y 28 en contra, pasa ahora al Despacho Oval y se prevé que el presidente George W. Bush la promulgue en los próximos días.

Tras un año de intenso debate sobre las normas de vigilancia y la Ley de Escuchas Telefónicas que estableció el gobierno estadounidense después de los ataques terroristas del 11-S, la nueva normativa autoriza la vigilancia electrónica y las escuchas sin permiso judicial de las personas que utilicen las redes de EEUU, sean de estadounidenses o de extranjeros.

Asimismo, y dado que la ley se podrá aplicar de forma retroactiva, las compañías que, a petición del gobierno, han interceptado las llamadas telefónicas y correos electrónicos de las personas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se librarán de alrededor de 40 demandas multimillonarias que tenían por haber violado el derecho a la privacidad.
Principales puntos de la Ley

Las Enmiendas a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros de 2008 permitirán al Fiscal General del Estado y al Director de Inteligencia Nacional autorizar, durante periodos de hasta un año, la vigilancia de la actividad electrónica de personas residentes fuera de EE.UU.

Además, el proyecto de ley autoriza al Fiscal General del Estado y al Director de Inteligencia Nacional a exigir a cualquier proveedor de servicios de comunicación electrónica que proporcione al gobierno toda la información y ayuda necesaria y que conserve cualquier información relevante.

Por otra parte, autoriza a los inspectores del Departamento de Justicia y al personal de Inteligencia a evaluar que estos organismos cumplen con los procedimientos oportunos y a proporcionar los resultados de la evaluación al Fiscal General, al Director de Inteligencia Nacional y a los Comités de Inteligencia.

El proyecto de ley permite vigilar a personas residentes fuera de EE.UU., siempre que la adquisición de la información se realice dentro de EE.UU. La solicitud para adquirir información deberá ser realizada por un oficial federal y aprobada por el Fiscal General.

Según el proyecto de ley, el Fiscal General debe informar dos veces al año a los comités judiciales y de Inteligencia sobre la aplicación de los requisitos de adquisición de la información.