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COUNTERING CYBER THREATS

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El Palacio de Eposiciones y Congresos de Madrid acogió el pasado 4 de febrero unas Jornadas sobre la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
 
La nueva Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las AA.PP., así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con el fin de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.

En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los nuevos derechos de acceso electrónico podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de procedimientos a partir de 31 de diciembre de 2009. La Administración dispone, por lo tanto de un plazo de dos años para adaptarse a las previsiones fundamentales de la nueva Ley.
 
Las jornadas fueron organizadas por la Asociación Profesional de Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado que considera del mayor interés, la difusión entre sus asociados, así como entre personas de otros Cuerpos superiores de la Administración, de la presente Ley y de sus implicaciones en las diferentes áreas de la gestión.
 
Las Jornadas se celebraron poco días después de la aprobación  por el Consejo de Ministros del  Plan de desarrollo de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP).
 
El Plan establece cuatro líneas de actuación y 21 medidas para que las administraciones orienten sus servicios hacia los ciudadanos, cooperen entre ellas y ganen en productividad. Además, garantiza la adecuación a la Ley de los más de 2.500 procedimientos administrativos actualmente existentes en la Administración para antes del 31 de diciembre de 2009, con un calendario de adaptación gradual que presta atención preferente a los procedimientos más utilizados por ciudadanos y empresas.
 
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